En Estonia hay diferentes ministerios que han introducido la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (machine learning) para racionalizar los servicios a los ciudadanos.
De momento ya son más de una decena los puestos de trabajo en que un algoritmo ha sustituido a los funcionarios.
Pero no solo han automatizado ciertos procesos, sino que trabajan en un proyecto para diseñar un «robot juez» que pueda atender pequeños juicios mediante la IA.
«Tener un sistema automatizado para resolver casos poco importantes y, sobre todo, sencillos o con una respuesta jurídica clara puede ayudar a descongestionar los órganos judiciales y ofrecer respuestas más rápidas, imparciales y fiables», afirma David Martínez, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC (Catalunya, España) y ponente en la jornada «Inteligencia artificial y derecho. El panorama de los retos éticos y jurídicos».
«El uso de algoritmos, en términos generales, siempre conlleva mejoras de eficiencia, rapidez, previsibilidad y seguridad», afirma Martínez, que añade que «se eliminan los aspectos subjetivos que pueden afectar a la toma de decisiones e introducir distorsiones que en principio no deberían influir en estas decisiones».
Así pues, ¿un juez artificial podría dictar sentencia de manera más imparcial que un humano?
«En la medida en que un algoritmo no tiene por sí mismo ningún elemento de subjetividad, sino que se limita a ejecutar una serie de órdenes, se elimina la posibilidad de interferencia de prejuicios o creencias que puedan alterar la aplicación mecánica de las normas», advierte Martínez.
Sin embargo, la aplicación de esta tecnología también tiene peligros éticos y limitaciones técnicas.
«En cuanto a la tecnología, la toma de decisiones judiciales está bastante limitada.
Por ejemplo, por qué no es adecuada en casos que involucran discrepancias relativas a la interpretación de preceptos legales o en discusiones en torno a cuáles son los hechos probados», detalla Martínez.
Pero ¿quién construye la ética del algoritmo?
Este es uno de los retos pendientes más importantes dada la repercusión que puede tener en la vida de las personas.
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Un ejemplo controvertido es el algoritmo COMPAS, que utilizan, entre otros, los tribunales penales del estado de Wisconsin, en Estados Unidos, para hacer una estimación del grado de peligrosidad y el riesgo de reincidencia del acusado y así calcular la pena que se le impondrá.
Ha habido acusaciones, con un cierto grado de credibilidad, de que el algoritmo discrimina a determinados colectivos, como los afroamericanos, pero no se ha podido demostrar ni desmentir porque el código no es accesible, dado que es propiedad de una empresa privada.
Los 1,3 millones de ciudadanos de Estonia ya utilizan la tarjeta de identidad nacional para servicios en línea tales como la votación electrónica y la presentación de impuestos digitales.
Por tanto, la idea de un juez robot tiene muchas posibilidades de funcionar.
¿Esta figura, casi proveniente de la ciencia ficción, sería exportable a otros países?
«Desde el punto de vista técnico, no hay ninguna diferencia en que los algoritmos de decisión artificial se apliquen en un estado o en otro; solo habría que ajustarlos a los contenidos del sistema jurídico de cada lugar», afirma Martínez.
Pero, en todo esto, hay un cambio de mentalidad. ¿La ciudadanía aceptaría ser juzgada por un robot?
«Hay que tener presente la posible reticencia tanto de los profesionales del derecho como de los ciudadanos a aceptar que un algoritmo tome decisiones con cierta trascendencia», explica Martínez.
Ahora bien, la eficiencia y la rapidez de esta tecnología podrían ayudar a los tribunales.
«Teniendo en cuenta la falta de recursos suficientes y la saturación de los órganos judiciales, se podría aligerar derivando parte de los casos (aquellos más mecánicos o de trámite) a sistemas de decisión automatizada, lo que podría tener efectos positivos», considera el experto.
Fuente: Noticias de la Ciencia