Mucha gente en el mundo vive en zonas rurales dispersas donde la recolección de agua y su potabilización resultan más problemáticas que en las grandes áreas urbanas que cuentan con depuradoras así como con infraestructuras de distribución de agua potable.
En Argentina, cerca de 2,6 millones de personas viven en zonas rurales dispersas, donde un 11 por ciento recolecta agua superficial y un 18 por ciento utiliza hoyos o excavaciones al aire libre para acceder al agua.
En esas comunidades, la lluvia es una aliada.
Por eso, con el objetivo de brindar acceso a agua segura para consumo en zonas vulnerables, investigadores del Instituto Nacional del Agua (INA) de Argentina están ensayando un sistema que desinfecta el agua de lluvia mediante radiación solar.
Se trata de un dispositivo que emplea el método SODIS (por el término en inglés, “Solar Disinfection”), utilizado por más de cuatro millones de personas en el mundo y recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que consiste en colocar botellas PET (Polietileno Tereftalato) en los techos de las casas y dejarlas bajo la influencia de la radiación solar.
“Nuestro sistema utiliza un bidón de seis litros que se coloca dentro del Concentrador Parabólico Compuesto (CPC), que tiene forma de cuna y, en su interior, posee una lámina que refleja la luz.
Entonces, cuando uno lo coloca bajo la acción del sol, los rayos impactan y generan calor dentro de ese receptáculo, elevando la temperatura por encima de los 45 grados”, explicó María Fernanda Lopolito, responsable del proyecto y del Programa de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del INA, a la Agencia CTyS-UNLaM.
El equipo de especialistas lleva un año trabajando en este sistema que, después de varios ensayos, dio sus frutos.
“Utilizamos tres dispositivos que fueron construidos con un herrero y ensayamos diferentes tiempos de exposición a la radiación solar: 4, 24, 48 y 72 horas.
Los resultados exitosos los obtuvimos en los últimos dos ensayos, donde comprobamos la remoción de Bacterias Aerobias Mesófilas (BAM) a valores inferiores a los establecidos en el Código Alimentario Argentino”, relató.
Actualmente, los investigadores avanzan en la mejora del dispositivo para reducir ese tiempo de tratamiento, con la meta puesta en mejorar la calidad de vida de muchas personas, ya que se estima que el déficit de agua potable gestionada de forma segura alcanza al 20 por ciento de la población argentina, mientras que, en términos de saneamiento, llega al 44 por ciento, según establece un estudio realizado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación (MOP).
“Hay mucho compromiso y preocupación por dar respuestas a estas comunidades donde informes de UNICEF indican que mujeres y niñas son las más afectadas, porque son quienes recorren largas distancias para proveer de agua a sus hogares.
Y esto impacta no solo en el tiempo y esfuerzo físico que implica, sino en las situaciones de violencia que pueden llegar a sufrir en ese trayecto”, destacó Lopolito.
Uno de los ejes principales del proyecto es que el CPC sea de bajo impacto ambiental, económico y, principalmente, pueda ser operado por los propios ciudadanos.
Para ello, un equipo interdisciplinario de investigadores de la Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC) trabajó en la validación social de esta tecnología con referentes territoriales de la ciudad de Villa de Merlo, en la provincia de San Luis.
El propósito fue generar un marco de análisis, a través de la técnica de Focus Group, para obtener información significativa que permita identificar y conocer en profundidad a los potenciales usuarios, evaluar su eventual adopción y asegurar una correcta comunicación de sus beneficios y resultados.
“De ese estudio sacamos conclusiones también en cuanto a cómo ven este dispositivo los potenciales usuarios y si proponen mejoras que faciliten su uso.
La idea es construir un sistema mejorado que tenga en cuenta la mirada social que es tan importante para nosotros”, contó Lopolito.
Con los resultados obtenidos, los investigadores concluyeron una etapa del proyecto que, sin duda, es solo el comienzo.
Durante los próximos meses, el trabajo estará enfocado en perfeccionar algunos puntos sobre los que, durante el proceso de evaluación, tomaron nota para llevar a cabo el próximo paso: un estudio piloto.
“Hay muchos parámetros que tenemos que evaluar como, por ejemplo, la calidad del agua de ese entorno.
Si se tratara de una zona agrícola, con presencia de pesticidas podría verse afectada la calidad del agua de lluvia.
Además, queremos investigar posibles efectos de sustancias derivadas del plástico que puedan transferirse al agua por efecto de la radiación solar”, precisó la responsable del proyecto.
Otro de los puntos a analizar es cómo conservar el agua almacenada.
Para Lopolito, es importante tener en cuenta las condiciones cotidianas y particulares de esas personas para considerar situaciones posibles:
“En entornos en donde la precipitación es escasa o no se distribuye en forma regular a lo largo del año, entonces hay que tener en cuenta las condiciones de almacenamiento para preservar su calidad antes del tratamiento y su posterior consumo”.
Por último, sostuvo que otra de las conclusiones a las que arribaron tras los ensayos preliminares fue la necesidad de evaluar un pretratamiento del agua a través de una etapa de filtración.
“El desafío consiste en encontrar una alternativa sustentable con aplicación de tecnología sencilla y de fácil acceso, ya que estos lugares suelen experimentar dificultades a la hora de recibir insumos y la prioridad es siempre ofrecer a las comunidades más vulnerables oportunidades para garantizar su acceso al agua segura”, concluyó.
Fuente: Ámbito